Los movimientos sociales y ciudadanos reunidos por primera vez en Porto Alegre en enero de 2001 para denunciar los estragos del neoliberalismo y exponer proposiciones alternativas lograron gran repercusión. Pero la fórmula está emitiendo señales de desgaste… De allí la necesidad de tender puentes con las fuerzas políticas y con los gobiernos progresistas que llevan a la práctica medidas directamente surgidas de los Foros.

La investigadora Ana Esther Ceceña y el Filósofo Humberto Miranda, hacen un concienzudo análisis de los intereses e implicaciones de la nueva ofensiva norteamericana sobre Latinoamérica. Se develan asi los intereses de orden económico, político y militar de la administración Obama y la recolonización militar del continente.

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Durante el año 2009, en un esfuerzo conjunto entre el equipo pedagógico de CEDINS y los Colectivos Contramando, Cilep y Seis de Mayo de las Redes Revuelta y Libertaria,  se ha desarrollado un proceso de trabajo en varios colegios de la Localidad San Cristóbal de la ciudad de Bogotá, abordando los temas de derechos humanos de los y las jóvenes, el derecho al territorio y el derecho a la educación.


Al finalizar este año se llevaron a cabo varias actividades de cierre. Les compartimos algunas imágenes. 

En las líneas que siguen el Investigador Juan Carlos Agudelo desarrolla la pregunta por el tipo de legitimidad presente en la política de seguridad democrática. Se abordan con sentido crítico ciertos problemas centrales que operan en el pensamiento político y económico de Tomas Hobbes, Max Weber y Adam Smith aplicables al análisis de la “legitimidad y la potestas tributaria en el Estado de Seguridad”: el primero, hace referencia al consentimiento expreso de los subordinados y posterior sometimiento de los propietarios privados a la potestas tributaria, con lo que se surte el proceso de autenticación del Estado de seguridad; el segundo, es el problema de la racionalidad política y económica que obra en la formulación y ejecución de la política de seguridad y política tributaria en la que se erige la institucionalidad del Estado de Seguridad; y tercero, se precisa la razón o motivo  (verdadero) de la política de seguridad en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. 

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